Está confirmado: la comunidad responde con creces cada vez que el Estado se decide a convocar a un concurso público para llenar sus cargos vacantes. Ha sucedido otra vez este lunes, cuando cerró el plazo para inscribirse en el proceso de selección del titular de la Secretaría Administrativa del Poder Judicial de Tucumán.

El listado de interesados incluye a 181 contadores (título profesional requerido por la Acordada 497/2012) y desde ayer está disponible en el portal digital de los Tribunales (www.justucuman.gov.ar). La competencia será feroz si se considera que cada uno de los aspirantes tiene -en condiciones de igualdad- sólo un 0,5% de probabilidad de acceder al cargo. Pero algo es algo y esa chance módica resulta, con todo, mayor a la que existía antes, cuando el secretario era nombrado discrecionalmente por los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). Por medio de ese mecanismo, el alto tribunal designó en 2009, a título interino, a Carolina Ledesma Padilla de Goane, una de las nueras del vocal RenéMario Goane.

La avalancha de inscripciones se desencadenó sobre el cierre del plazo para completar el formulario en línea. El martes pasado sólo había una decena de postulantes (entre otros requisitos, estos deben tener entre 30 y 60 años, y acreditar un lustro de antigüedad en la profesión). Aquel día, Antonio Estofán, titular de la CSJT, ofreció una rueda de prensa para difundir el concurso donde calificó al secretario administrativo de "ministro de Economía" y "jefe de Hacienda" de los Tribunales. Seis jornadas más tarde, el lunes por la mañana, el número de inscriptos había llegado a 150, según fuentes judiciales.

La nómina final sin duda presenta el menú generoso de perfiles ambicionado por Estofán, que en el diálogo con la prensa manifestó la necesidad de disponer de un número amplio de opciones para entre ellas elegir al candidato que mejor satisfaga las incumbencias del cargo en cuestión. Entre muchas otras tareas, el secretario administrativo está implicado en los procesos licitatorios que supone el plan edilicio de la Justicia.

El concurso prosigue con un plazo de dos días para impugnar a los candidatos. A continuación, estos se someterán a un examen escrito eliminatorio, una evaluación psicofísica y de antecedentes, y una entrevista personal. La calificación máxima de la prueba de oposición será de 70 puntos, y sólo pasarán a la siguiente etapa los aspirantes que obtuviesen el mínimo de 49 unidades. La administración de este examen estará a cargo de un jurado constituido por un miembro del Tribunal de Cuentas de la Provincia y dos profesores (uno de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, y otro de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino). Por último, la Corte entrevistará a los tres candidatos que más puntos hayan obtenido en las etapas previas del concurso.